
SANTO DOMINGO.- El retiro de la acusación contra los acusados de estafar al Estado con más de RD$1,400 millones a través del Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME) y el Programa de Acción Barrial (Prodaba) fue –a juicio de muchos- la más clara señal de la falta de voluntad del gobierno de Leonel Fernández para combatir la corrupción.
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